Ética pública en la política mexicana

Dentro de la política contemporánea es necesario analizar la relación que se entablan con la ética. “La relación entre ética y política en la democracia moderna no deja de ser tensa y peligrosa, ya que esta última introduce un fuerte relativismo moral que, si bien permite la coexistencia en un plano de igualdad de las distintas concepciones propias de toda sociedad compleja, no puede ser sostenido en el campo de la política. Es aquí cuando el poder al penetrar la dimensión ética, introduce en ella la más grande distorsión debido a que el discurso de la ética se convierte en una mera forma de justificación del poder. Esto es lo que hace que la constante tensión entre ética y política nunca tenga un modo único o incluso satisfactorio de resolución. Sólo la implementación de una lógica argumentativa que parta del reconocimiento de la precariedad y ambivalencia que se entabla en la relación entre ética y política puede servir de resguardo ante aquellas distorsiones que, en nombre de la primera, planteen el riesgo de cercenar desde el poder del estado los espacios de libertad” (Yannuzzi, 2005).

Lamentablemente, los niveles de corrupción en México han crecido, incluso dentro de la sociedad, pese a los discursos que apelan a una ética que se basa en principios y normas de conducta de actos y decisiones que adoptan las instituciones y las administraciones públicas las cuales contenga el desenfreno egoísta con el que parecen moverse los actores políticos, las cuales deberían de estar orientadas a la satisfacción de la pluralidad de intereses de los miembros de la comunidad política.

Calificar una práctica política en particular de buena o mala en la sociedad moderna nada tiene que ver en realidad con algún atributo propio de una ética. “Por eso, ya no es posible catalogar a los gobiernos en función de las categorías éticas que definan en qué medida se aproximaban o no al bien común. Por el contrario, un buen gobierno en la modernidad debe estar regido fundamentalmente por la eficacia demostrada esta última sólo en la capacidad de conquistar y mantener el poder” (Yannuzzi, 2005).

La relación entre la política y ética, está basada en criterios sobre lo que es correcto e incorrecto, con el objetivo de regular las acciones políticas y las prácticas públicas, para que estas contribuyan y sirvan de fundamento en el deber público, la cual se diferencia bajo la consideración de dos niveles de conocimiento y práctica de la moral: la moralidad social y la ética crítica, la cual esta relaciona baja un vínculo entre la moralidad social y el poder político, mientras que la ética por su parte, puede ser relativa de cierto orden y conducta social, con actitud crítica del orden político.

La política y la ética tienen como objetivo común el comportamiento y la participación del individuo dentro de la sociedad, mientras que la política examina el comportamiento y su relación con la estructura de poder, el cual pertenece a la esfera de los hechos sociales, la ética considera el nivel de cumplimiento con las normas y principios dentro de la conducta del individuo en sus actos y decisiones que adopta e intenta realizar valores objetivos dentro del ámbito del deber ser.

Mientras que la política pretende ser un saber sobre hechos y la ética un conocimiento de valores, existan o no de hechos, las dos son responsables de conducir y construir los asuntos de un estado, con el objetivo de brandar mayores oportunidades para alcanzar lo justo y el bien común y que los valores, honestidad, responsabilidad y el sentido del deber, logren impedir comportamientos negativos, y que la ética es una necesidad para reforzar los valores y comportamientos positivos que contribuyan a la moral.

La moralidad social constituye un primer nivel de la ética, ya que esta comienza con un conjunto de obligaciones morales y éticas existentes en la sociedad y van dirigidas a un individuo el cual se puede preguntar por la validez de sus reglas y comportamientos, los cuales siguen una colectividad en la realización de ciertos valores comunes.

La relación que existe entre el sistema de poder y la moralidad social está constituida por las reglas de que un hecho sigue una colectividad en la realización de ciertos valores comunes lo cuales varían y puede justificar el poder existente, mientras que lo político puede intentar justificar la toma de decisiones que muchas veces son incompatibles con los valores existentes en la sociedad y puede enmarcar el poder en reglas tradicionalmente aceptadas.

La estrecha relación que existe entre la ética pública y la política ha hecho que la se cree una importancia entre ellas, ya que las dos son responsables de conducir y construir los asuntos de un estado, brindando mayores oportunidades para alcanzar lo justo y el bien común y conseguir que las personas que ocupen un cargo público lo hagan con valores, diligencia, honestidad, responsabilidad y el sentido del deber, con el objetivo de impedir comportamientos negativos o desviados que son nocivos en el servicio público.

Por ellos es importante entender que la ética es una necesidad para reforzar los valores y comportamientos positivos que contribuyan a la moral de los servidores públicos, así como de las instituciones, ya que es precisamente su ausencia la que ha provocado que muchos de actores públicos, políticos de diferentes instituciones públicas caigan y sigan cayendo en la corrupción. Dentro de la función pública es fundamental la ética aplicada, porque esta tiene como objetivo fundamental la idea de servicio, pues sus tareas y actividades están orientadas a los intereses de los miembros de la comunidad política.

La relación existente entre la política y la ética pública no se limita únicamente a los funcionarios públicos, sino al buen funcionamiento del gobierno, ya que este requiere de actores políticos responsables que junto a su equipo de funcionarios y técnicos dirijan y resuelvan los asuntos públicos orientados al bien de la ciudadanía, por el hecho de qque estos funcionarios son los que gozan del máximo margen de autonomía en las decisiones del gobierno, y demostraran si aplican una verdadera ética pública, la cual conlleva la responsabilidad del servicio, así como atención, equidad y justicia para el ciudadano, por ello estos no deben olvidar que están para servir a la comunidad y no para servirse de ella.

Ya que la ética se ha convertido en portadora de la convivencia de las personas, grupos y organismos de la sociedad para asegurar la cooperación pública sobre la base del entendimiento y la colaboración definir reglas y normativas que tienen como horizonte la preservación del interés público, el bienestar general y el bienestar de los ciudadanos, así como para los fines de la vida institucional a cargo de los gobiernos, dentro del cual es fundamental que el espacio público sea regulado con una serie de reglas diáfanas que, además de fijar ventajas, restricciones y sanciones donde la democracia tiene una concepción de la vida que reivindica a las personas para que su sentido de realización sea pleno con base en valores éticos que combinan ideales, reglas, actos y comportamientos que favorecen la cohesión de la sociedad civil.

Por ello es necesario la producción del valor público, pues no solamente se necesitan reglas institucionales y una eficiente gestión pública, sino también valores que encaminen el buen obrar, los cuales permitan fortalecer los contenidos, objetivos y metas de las políticas públicas, por ello la producción del valor público debe ser una tarea central en las instituciones administrativas y gubernamentales, con la exigencia de cuadros administrativos más comprometidos en el sentido de lo público y la necesidad de que las democracias se acrediten mejor dentro de la forma de gobierno, como un sistema funcional de vida para los ciudadanos y las organizaciones sociales.

La recuperación de la ética es un asunto relevante, ya que con la ética se nutre y se aporta un mejor desempeño de la gestión institucional, pues con su contenido normativo y prescriptivo, contribuye a eliminar situaciones relacionadas con la opacidad, la corrupción, los desfalcos, la cleptocracia, el patrimonialismo y la ilegalidad, al poner en práctica la ética como fuente de valores normativos que se orienten a conseguir conductas ejemplares dentro de un buen gobierno.

Así mismo, es importante que se aplique la ética aplicada a la función pública, pues su objetivo es la idea de servir, ya que la labor como funcionario público está basada y orientada al bien común, de esta manera tendrá un control sobre la extralimitación en el uso del poder público para fomentar la confianza en las instituciones y su administración mediante una conducta honesta e integra de los funcionarios públicos.

A pesar de que la ética ofrece a los servidores valores éticos con los que debe actuar correctamente se dan situaciones de corrupción dentro de sus instituciones en cuestiones políticas, esta conducta deshonesta no cuenta con un control eficaz que pueda evitarlo, cuando un servidor público ve la oportunidad de lucrar en su ambiente laboral comienza su avaricia y deja aún lado los valores éticos.

La corrupción tendría que ser teóricamente incompatible con el sistema democrático, sin embargo, la corrupción se da por la responsabilidad de una sociedad que avala esta situación al participar y formar parte de este conflicto.

La ley establece que cualquier ciudadano tiene el derecho a ocupar un cargo de elección siempre y cuando cumpla con los requisitos básicos que son residencia, ciudadanía y nacionalidad, que da claro que deben ser ciudadanos comprometidos con las necesidades de toda una sociedad, que sean capaces de responder por los beneficios propios de los demás, que sean leales e íntegros con los valores éticos que se les encomiendan para ser servidores responsables y eficaces para cumplir con sus funciones.

Es importante señalar que las personas que pretendan ocupar un cargo público debe contar con una formación académica que lo avale como apto para cumplir con este cargo, ya que no minimice la importancia de esta disciplina “Los antiguos griegos sostenían que para ocupar un cargo público eran necesarias al menos tres condiciones: a) Capacidad para el cargo, b) Lealtad para la Constitución y c) Virtud y Justicia” (Óscar Diego Bautista, 2017).

De modo que podemos concluir que la combinación entre ética y política es importante, ya que los conocimientos éticos unificados con los conocimientos políticos dan por resultado personas con integridad y principios sólidos que respetarán su labor y serán responsables en su actuar dentro de su cargo. Por ello es que al Estado le pertenece cultivar y fomentar los principios y valores éticos a sus representantes, para que la corrupción no afecte el desarrollo de sus instituciones; de manera que sus organismos deben de orientar y a su vez vigilar el comportamiento de sus gobernantes para evitar y frenar la corrupción y desigualdad en la sociedad.